El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que volverían a regir normas sobre alquileres, góndolas y tierras. La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre y necesita reunir 129 legisladores para abrir el debate.
Adrián Ravier defendió el plan económico de Milei y proyectó “un enorme crecimiento” para 2028El Gobierno salió este martes a advertir sobre las consecuencias que, según su interpretación, tendría una eventual derogación del DNU 70/2023, mientras la oposición avanza en la búsqueda de apoyos para llevar el decreto al recinto de la Cámara de Diputados.
Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETAEn su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuestionó el intento opositor y sostuvo que el rechazo del decreto implicaría volver a aplicar distintas regulaciones que fueron modificadas o derogadas por el presidente, Javier Milei, entre ellas las vinculadas con los alquileres, la comercialización en góndolas y la adquisición de tierras rurales.
En Tucumán, Adrián Ravier defendió la compra de tierras por extranjeros: “No estamos vendiendo la Argentina”“El DNU empezó a desarmar regulaciones y le devolvió capacidades de decisión a las empresas”, afirmó Ravier. Según el funcionario, una eventual derogación supondría “un retroceso” hacia un modelo en el que el Estado recuperaría mayores facultades de intervención sobre la actividad económica.
El Gobierno defendió la derogación de la Ley de Tierras
Uno de los ejes de la exposición de Ravier estuvo puesto en el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011 y eliminó las restricciones específicas que establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Durante años la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de actividades”, sostuvo el vocero. En ese sentido, defendió la decisión del Gobierno y afirmó que el país necesita atraer inversiones para transformar tierras con potencial productivo.
Ravier rechazó que la medida implique poner en riesgo los recursos naturales o la soberanía nacional. “La habilitación de la venta de tierras está lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o atentar contra nuestra soberanía”, sostuvo.
La discusión volvió al centro de la agenda política después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una sentencia que había impedido la aplicación del artículo 154. El máximo tribunal basó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) para promover la demanda y aclaró que no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Alquileres, góndolas y comercio exterior
Durante la conferencia, Ravier enumeró otras modificaciones introducidas por el DNU 70/23 que, según sostuvo, quedarían alcanzadas por una eventual derogación.
Como ejemplo, mencionó la derogación de la Ley de Alquileres. El funcionario afirmó que, desde entonces, propietarios e inquilinos recuperaron la posibilidad de establecer libremente las condiciones de los contratos y aseguró que “los precios reales bajaron 38%” y que “la oferta se cuadruplicó”.
También destacó la eliminación de la Ley de Góndolas y las modificaciones introducidas en materia de comercio exterior. Según explicó, el objetivo fue reducir la intervención estatal y ampliar la libertad de las empresas para importar y exportar.
“El Estado no puede fijar cupos para exportar e importar por motivos económicos. La libertad de comerciar es la regla”, afirmó.
Ravier también mencionó entre los efectos del decreto la habilitación del esquema de “Cielos Abiertos”, la incorporación de nuevas tecnologías y prestadores en el sector de las comunicaciones, la desregulación de determinados mecanismos para elegir una obra social y la eliminación de la denominada cédula azul.
La advertencia del Gobierno
El vocero presidencial apuntó directamente contra los bloques que impulsan el rechazo del DNU y sostuvo que una eventual derogación significaría recuperar un modelo de mayor regulación estatal.
“Es importante saber qué implicaría. Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quiere volver”, afirmó.
“Aumentarían los alquileres, volvería la Ley de Góndolas, los obstáculos para cambiar la prepaga del trabajador; es volver a un modelo de país agotado que el Gobierno dejó atrás”.
Las afirmaciones de Ravier constituyen la posición del Poder Ejecutivo frente al debate parlamentario. La eventual derogación del DNU, en cambio, implicaría jurídicamente la reversión de todas las modificaciones introducidas por el decreto, por lo que el alcance concreto dependería también de la legislación previa y de las normas que hubieran reemplazado o modificado esas disposiciones.
La oposición busca reunir 129 diputados
La discusión tendrá ahora su principal escenario en el Congreso. Los bloques opositores solicitaron formalmente una sesión especial para el 15 de octubre, con una agenda que incluye el rechazo del DNU 70/23, además de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
Para que la sesión pueda comenzar, los sectores que impulsan la convocatoria deberán reunir 129 diputados, la mayoría necesaria para alcanzar el quórum en la Cámara baja.
El pedido fue acompañado por legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, entre otros espacios. Los bloques que firmaron inicialmente la convocatoria no alcanzarían por sí solos el número necesario, por lo que deberán negociar con otros sectores para garantizar la apertura del recinto.
El objetivo de los impulsores es avanzar con el rechazo del DNU en su totalidad. El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados todavía no se había pronunciado en el mismo sentido. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de ambas cámaras es el mecanismo que determina la derogación de un decreto de necesidad y urgencia.
Una negociación clave para el Gobierno
La discusión abrió una nueva ronda de negociaciones entre el oficialismo, los bloques dialoguistas y los gobernadores. La posibilidad de reunir el quórum y, posteriormente, los votos necesarios para avanzar con el rechazo dependerá de los acuerdos que se alcancen en las próximas semanas.
Entre las negociaciones aparecen reclamos de las provincias por obra pública y por una mayor distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un intercambio que podría resultar determinante para definir la posición de algunos bloques provinciales.
El DNU 70/23 fue una de las primeras grandes herramientas legislativas utilizadas por Milei para avanzar con su programa de desregulación y funcionó como antecedente de varias de las reformas posteriores impulsadas por el Ejecutivo.